Durante el auge de la pandemia, el confinamiento se convirtió en una herramienta crucial para mitigar la propagación del Covid-19. Bajo un marco de alerta sanitaria que facultaba al Ministerio con poderes extraordinarios y un estado de excepción constitucional que autorizaba restricciones severas, millones de chilenos tuvieron que limitar su movilidad. La imagen que se observaba en las calles y comunas reflejaba una situación de pobreza que superaba las cifras oficiales, especialmente en lo que respecta a la capacidad de enfrentar necesidades básicas como alimentación, ingresos y salud, lo que motivó la acción del Presidente Piñera y el ministro Briones. Ellos implementaron medidas de apoyo, tales como bonos, ingreso mínimo y entregas de recursos, posicionando a Chile como uno de los países que más, en proporción a su PIB, destinó al auxilio de la población vulnerable.
Recientemente, la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la Actualización de la Medición de la Pobreza ha sugerido revisar la metodología aplicada en la encuesta Casen. Esta nueva evaluación, que utiliza datos retrospectivos de 2022, indica un incremento en la incidencia de pobreza relacionada con la salud, pasando del 4,8% al 12,7% de la población. Asimismo, se revela que, en términos globales, una de cada cinco personas vive en condiciones de pobreza, muy por encima del 6% informado anteriormente. La salud, que representa un 26% de los elementos que determinan la pobreza, juega un papel fundamental en este fenómeno: la falta de acceso a una buena atención sanitaria empobrece a la población, mientras que la precariedad económica limita la posibilidad de obtener mejores servicios médicos, generando un círculo vicioso perjudicial para el progreso individual y nacional.
Ante esta realidad, se vuelve imperativo redirigir los esfuerzos y recursos destinados a la salud pública hacia los sectores más vulnerables, asegurando la efectividad de los servicios y evitando políticas regresivas que beneficien a quienes sí pueden acceder a atención. Además, se plantea la necesidad de establecer coberturas catastróficas en los seguros, tanto públicos como privados, para impedir que eventos de alto costo empujen a familias al umbral de la pobreza. Durante años se han presentado proyectos de ley desconectados entre sí, sin enfocar estratégicamente el recurso en el bienestar de los pacientes. Es responsabilidad de los colegisladores reconocer esta falla y definir medidas eficaces para combatir la pobreza, garantizando que ningún ciudadano quede excluido del progreso.
Autor: Iñigo Socías