En el marco del debate sobre la viabilidad de su eliminación o reforma, el cientista político Alfonso España, de Horizontal, sostiene que si bien es factible suprimir el impuesto, dicha medida no es aconsejable. Las contribuciones, que rondan el 1% del Producto Interno Bruto (PIB), cumplen con criterios de eficiencia, equidad y progresividad, gravando en mayor medida a quienes perciben ingresos más altos y beneficiando de forma crucial a los municipios más vulnerables mediante el Fondo Común Municipal.
España recalca que, pese a existir la posibilidad de eliminar este gravamen, la medida afectaría de manera drástica la financiación pública. Según su análisis, el impuesto al patrimonio que grava la rentabilidad implícita del uso del inmueble cuenta con el respaldo histórico de teóricos del liberalismo clásico, como Adam Smith, para quien el impuesto territorial era un mecanismo justo de contribución al bienestar general y al financiamiento del Estado.
El experto también destaca desafíos significativos, entre ellos que solo el 23% de las viviendas en Chile se encuentran sujetas a este tributo, lo que genera una distribución desigual y, en ocasiones, una percepción de injusticia al no corresponder con la capacidad económica del contribuyente. Asimismo, señala la incertidumbre originada por la falta de transparencia y previsibilidad en la determinación del avalúo fiscal.
En cuanto a los beneficios dirigidos a adultos mayores, España recuerda que desde el segundo gobierno de Sebastián Piñera se implementaron descuentos del 50% o incluso del 100% para propiedades evaluadas en menos de 5.700 UF, abarcando a aproximadamente 180.000 beneficiarios. Sin embargo, para quienes superan ciertos umbrales de ingreso, propone establecer un tope relativo al 2,5% de su renta mensual, lo que permitiría un ajuste más justo entre el impuesto y la capacidad de pago.
El investigador también critica las propuestas recientes, como la iniciativa del Partido Republicano para eximir la primera vivienda, estimada en un costo de 390 a 400 millones de dólares, y que agravarían el déficit fiscal, considerando que las contribuciones representan alrededor de 2.600 millones de dólares. Tales medidas, además de desestimar la Ley de Seguridad Municipal, son calificadas por España como demagógicas y carentes de un enfoque técnico adecuado. Por otro lado, señala que la propuesta de la UDI para reformar el impuesto podría responder a una desesperación electoral y no aborda los problemas estructurales de contingencia y transparencia.
En síntesis, el debate en torno a las contribuciones de bienes raíces se centra en la necesidad de fortalecer el financiamiento municipal y mejorar la percepción ciudadana sobre un impuesto que, según el analista, es vital para un desarrollo equitativo en el país. La clave, según Horizontal, reside en perfeccionar y modernizar el impuesto en lugar de optar por su eliminación, garantizando así una fiscalidad justa y sostenible para el futuro de Chile.
Autor: Roberto Sánchez