La minería se define como un negocio de información en el que la localización de nuevos minerales es tan importante como su extracción. En el caso de Chile, donde el cobre ha sido históricamente la máxima apuesta, el uso extenso de profesionales y tecnología ha permitido grandes avances, siempre y cuando existan yacimientos de calidad. Por ello, para reactivar una producción que se encuentra en estancamiento, se hace indispensable profundizar en la exploración, una actividad en la que actualmente se invierte de forma parcial. Se plantea que la exploración en el país debería consolidarse como una política de Estado, estructurada en un plan nacional que fomente estudios en concesiones inactivas y desarrolle una estrategia de geociencia precompetitiva, reduciendo así los costos y riesgos inherentes a la búsqueda de nuevos recursos.
Entre 1990 y 2004, la producción de cobre en Chile se incrementó 3,5 veces, impulsada por iniciativas del sector privado; mientras que la producción de Codelco se mantuvo constante. Sin embargo, durante las dos últimas décadas la producción total se ha estabilizado alrededor de 5,5 millones de toneladas métricas, sin que los nuevos proyectos hayan generado el impacto esperado. Las proyecciones indican que apenas el 10% de la inversión minera destinada al cobre en la próxima década se empleará en nuevas operaciones. Este escenario lleva a cuestionar si ya se han agotado los grandes proyectos mineros en Chile, proponiendo en cambio que la baja inversión en exploración es el factor limitante para descubrir nuevos yacimientos de talla mundial. Para ejemplificar, por cada US$100 de producción de cobre, el país invierte apenas US$1,4 en exploración, siendo esta cifra un quinto, un tercio y menos de la mitad de la inversión realizada en Canadá, Estados Unidos y Australia, respectivamente.
A nivel territorial, cerca del 80% del espacio minero se encuentra bajo concesiones, distribuidas en un 53% orientado a explotación y un 47% a exploración, dominadas por grandes compañías, siendo Codelco el máximo titular en minería metálica. No obstante, contar con la concesión y utilizarla efectivamente son dos desafíos distintos. El Ministerio de Minería estimó en 2022 que menos del 10% de estas concesiones se utilizan, lo cual limita la entrada de nuevos actores y priva al país de oportunidades significativas. En el periodo final del gobierno anterior, junto con posteriores ajustes, se adoptaron medidas para combatir este “perro del hortelano”, tanto en actividades de exploración como de explotación.
En el ámbito de la exploración se incrementó el costo de la patente, estableciéndose el principio de “si no se utiliza, debe devolverse”, con concesiones otorgadas por cuatro años y un posible periodo adicional condicionado a la acreditación de avances. Además, se obliga a entregar la información geológica para la prórroga o al término de la concesión, reforzando el repositorio público de datos del Sigex de Sernageomin. Sin embargo, la obtención de permisos sigue siendo un proceso largo, con tiempos que la Comisión Nacional de Energía y Petroquímica (CNEP) sitúa en más de tres años.
En cuanto a la explotación, el costo de la patente se ha ajustado de manera progresiva en caso de inactividad, mientras que para concesiones activas o aquellas que cuentan con evaluaciones ambientales se aplican tarifas reducidas. Estas medidas, orientadas a incentivar el uso efectivo de las concesiones, requieren aún mayor optimización, como lo es el establecimiento de un fin obligatoria tras años sin actividad, o la incorporación de exploración en las patentes reducidas, para no obstruir futuras prospecciones.
Una política ambiciosa de exploración debe también incorporar la financiación de un plan nacional de geociencia, que permita mapear de manera integral las regiones mineras y generar datos precompetitivos. Estos datos, que poseen un valor de bien público, son esenciales para reducir tanto los costos como los riesgos de la exploración. El ejemplo australiano resulta inspirador: este país anunció recientemente el descubrimiento del mayor yacimiento de hierro del mundo, un hallazgo valorado en tres veces su Producto Interno Bruto, o casi veinte veces el de Chile. Dicho éxito fue logrado a través de la colaboración entre universidades y empresas, apoyado en investigación de vanguardia, análisis de grandes volúmenes de datos e inteligencia artificial.
Desde hace nueve años, Australia destina unos US$200 millones al programa nacional de geociencia “Explorando Australia”, cuyo objetivo es crear un inventario nacional abierto de datos que disminuya los riesgos y costos en la exploración de minería, energía y recursos hídricos. Este programa ha duplicado la participación del país en la búsqueda minera a nivel mundial y ha generado siete de los diez hallazgos de clase mundial, con retornos estimados en 1500 veces la inversión realizada por cada dólar invertido.
Ante este panorama, Chile tendría mucho que ganar al emular este modelo basado en datos, priorizando la exploración y facilitando procesos mediante incentivos y un sistema de permisos más ágil, especialmente en concesiones de explotación inactivas. La pregunta es: ¿cuántas reservas de la magnitud de Escondida aún esperan ser descubiertas? La respuesta se encamina a ser prometedora si el país asume con seriedad el reto de potenciar la exploración, reafirmando la idea de que en la minería, el conocimiento es la clave para el éxito.
Autor: Roberto Sánchez