Alaya Digital Solutions introduce AlayIA Trust, una solución tecnológica que incorpora inteligencia artificial para optimizar el tratamiento y protección de datos personales. Esta herramienta, apoyada por OneTrust—una plataforma líder a nivel global en trust intelligence—ofrece a las organizaciones la capacidad de gestionar de forma eficiente solicitudes de acceso, corrección y eliminación de información tanto de clientes como de trabajadores.
La nueva Ley 21.719 de Protección de Datos, que entrará en vigor en Chile el 1 de diciembre de 2026, impone un desafío considerable para el sector corporativo, principalmente a aquellas empresas que manejan grandes volúmenes de información. En respuesta a esta inminente transformación, Alaya Digital Solutions ha diseñado un plan estratégico que combina diagnóstico, acción legal, operativa y tecnológica, asegurando una transición sin contratiempos y el cumplimiento escalonado de la normativa.
Con una trayectoria de más de 20 años en el mercado local, Alaya demuestra su capacidad para implementar soluciones digitales que refuercen procesos y mejoren modelos de negocio en sectores como las finanzas, banca, retail, minería, energía, manufactura y agricultura, entre otros. Luis Sepúlveda, CEO de Alaya, destaca la importancia de esta innovación: “Adaptarse a la Ley de Protección de Datos no es opcional, es una inversión en reputación, confianza y seguridad que se traduce en una ventaja competitiva. En industrias clave como la banca, la salud y los seguros, el correcto manejo de la información es fundamental para construir relaciones sólidas y seguras con clientes e inversionistas”.
El proceso de implementación inicia con un exhaustivo diagnóstico de gestión de datos, en el que se evalúa el manejo actual de la información y se identifican brechas en relación con la normativa. A partir de este análisis, se desarrolla un plan integral que abarca asesoría legal continua, implementación de sistemas de gestión de consentimientos y capacitación de equipos, garantizando así que tanto clientes, proveedores como colaboradores puedan ejercer sus derechos de manera digital.
Ante el riesgo de enfrentar sanciones de hasta 60.000 UTM y un daño reputacional irreversible para las empresas que no se adapten a la nueva ley, este avance tecnológico no solo cumple con un requisito legal, sino que se presenta como una oportunidad estratégica para fortalecer la transparencia y la confianza, pilares esenciales en el entorno corporativo actual.
Autor: Roberto Sánchez